Hay una densidad de la estupidez urbana
completamente desproporcionada, por eso algunas autoridades comunales se dan el
lujo de tirar las manos como gatos de campo. No existe una comprensión
razonable de las andadas en que se mueven algunos alcaldes y que ante la miopía
educacional de los concejales, les hurguetean la dignidad a comunas completas,
dándose la gran vida con el botín agarrado con cada pestañeo del resto. Para
que esto pase, siempre se necesita al que la piensa y la planea, generalmente
alguien que administra, luego el alcalde pone la firma avalando la
transparencia, pero también entra en la movida quien elabora las bases
jurídicas para asegurar el movimiento…hablo del lugar más fecundo para robar…las
licitaciones municipales.
¿Qué es la corrupción?
En Chile se refiere al mal uso público del poder
político y económico, por parte del Estado chileno, municipalidades y entidades
privadas, para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada,
contrario a lo que sería la realización de prácticas transparentes.
Factores que favorecen la corrupción.
Muchos pueden ser los factores identificables que
favorecen el desarrollo de corrupción en Chile. Uno de los principales es la
falta de transparencia de los organismos públicos, que ha sido objeto de
proyectos de ley y otras medidas administrativas con mayor o menor eficacia,
siendo el último caso la creación del Consejo para la Transparencia como órgano
de control de este tema . Entre otros, puede mencionarse también la alta
complejidad técnica y judicial en cada caso, que debe ser investigado por
personas especializadas en el tema en cuestión, lo cual implica que algunos
casos tarden varios años en cerrarse, siendo olvidados por la opinión pública,
y disminuyéndose así la gravedad inicial de los hechos. Algunos procesos
incluso prescriben, no llegando los involucrados a ser juzgados.
Salvo unas pocas excepciones, los procesos de
adjudicación de contratos públicos, sobre todo los de mayor cuantía, que
involucran millonarias sumas de dinero, son direccionados a las características
de algunos proponentes y previamente pactados, de común acuerdo, con los
responsables de las licitaciones a cambio de “comisiones” que fluctúan entre el
10 por ciento o más del valor total en beneficio de los corruptos. Para que sea
haga una idea, un alcalde corrupto puede obtener en una licitación de unos 5 a
6 mil millones de pesos, unos 300 o 400 millones libres para él solito, o un
trozo de la torta y los otros trozos a repartir entre los que idearon la
grosería. Y esto es más común de lo que usted piensa.
Desafortunadamente, la corrupción es un mal que se
practica con demasiada frecuencia en la actual administración pública:
municipios y otras entidades, donde el manejo de recursos no cuentan con
sistemas de control adecuados, o donde los encargados de control son truchos y
miran para el lado, eso sí, siempre a cambio de algo para ellos o sus
familiares… Esto desvirtúa la función
administrativa. Sin embargo, es importante señalar que existen servidores
públicos probos, que realizan su labor en beneficio del Estado y de la
población, aunque son los pocos y estos son fácilmente reconocibles, ya que
tienen vidas correctas, no tienen vicios reñidos con la ley, y poseen cultura y
educación en valores…como dije, son muy pocos.
Frecuentemente escuchamos noticias relacionadas con
la corrupción; son casos de trascendencia. Este fenómeno ha ocurrido en anteriores
gobiernos y en el presente también. A título de ser autónomos, algunos municipios,
o entidades, cuentan con presupuestos millonarios y realizan licitaciones
aprovechándose de su poder absoluto de decisión para contratar, adjudicar,
pagar y otros, sin que exista control de alguna entidad.
Esa situación determina que malos servidores
públicos se aprovechen de estas falencias y corrobora la frase común que dice:
“No se puede dar al gato la carne para que la cuide, ni al ratón el queso”. De
esta manera, los corruptos planifican mañosamente las contrataciones, organizan
supuestas empresas y estiman cuánto les corresponde en coimas del presupuesto
que disponen.
Es necesario evitar estos latrocinios. El Congreso
Nacional debería emitir una ley para la creación de una entidad independiente
sin injerencia política, con personal idóneo, seleccionado por concurso de
méritos, con recursos económicos del 1 al 2 por ciento del presupuesto de
inversión pública deducible del mismo rubro.
Esa entidad sería la encargada de elaborar los
pliegos de licitaciones, realizar los respectivos procesos con la participación
de colegios de profesionales, representantes de reparticiones públicas,
movimientos sociales, fiscales anticorrupción y otros, para transparentar las
licitaciones en la ejecución de proyectos, realizar los respectivos seguimientos
de evaluación, autorizar desembolsos, contratar empresas auditoras en
coordinación con la Contraloría General de la República, efectuar evaluaciones
de desempeño cada mitad de gestión y, según los resultados, sugerir la
permanencia o destitución de los evaluados. Así, las entidades públicas ya no
tendrían la facultad de libre contratación de compras y servicios.
La alternativa de detener la corrupción con la
fiscalización de dirigentes de movimientos sociales no es lo más conveniente;
tendría funestas consecuencias, por tratarse de partidarios de los gobiernos de
turno. Si así fuera, existiría abuso de poder, chantajes, imposición en
adjudicaciones, etc.
Las soluciones tienen que ser técnicas y no
políticas, por bien de las comunas y del país.
Para Tejemedios escribió:
LUIS OVIEDO CASTRO
SOCIÓLOGO, LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA
MODERNIZACIÓN